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Hacia un Salario Universal para afrontar la Emergencia

El IPYPP escribió un artículo sobre pensamientos y políticas públicas; compartimos la opinión de Lozano:

El coronavirus “corona” una tendencia mundial de regresión liberal cuyos efectos más visibles venían siendo la caída de los flujos comerciales y el avance de políticas proteccionistas adoptadas por países centrales para paliar los efectos que en términos de desigualdad y desinversión productiva producían la globalización y la financiarización económica de las últimas décadas.

En este sentido consideramos que es el momento oportuno de provocar un cambio drástico en la matriz distributiva para que la contención sea efectiva. Esa contención, que en tiempos de calma suele darse a cuenta gotas como bálsamo, hoy la situación exige que se convierta en shock ante el riesgo de diluirse por completo. Como la experiencia lo indica, las crisis económicas suelen ser mejor aprovechadas por los sectores del poder económico para sentar bases de crecimiento organizadas sobre pautas de mayor desigualdad. Creemos entonces que hoy estamos en ese terreno de disputa y la batería de políticas, decisiones públicas y comunitarias que se vayan resolviendo serán las que determinen la salida de esta crisis inédita.

Síntesis de la Propuesta

Se destacan cuatro pilares de acción concreta e inmediata que permitirían brindar condiciones para atravesar el tiempo que sea necesario extender el aislamiento preventivo sin sufrimiento social.

· Renta básica universal para la emergencia: Garantizar una renta básica compuesta por un salario universal de $17.000 equivalente al salario mínimo y una asignación universal por hijo de $4.000 implica la creación de una nueva institucionalidad que tenga como función democratizar el acceso a los ingresos y a la producción social al conjunto de los habitantes de nuestro país y al mismo tiempo permitir una efectiva autonomización de las condiciones de reproducción de la vida respecto a la lógica de valorización del capital.

· Impuesto a la riqueza y a las principales firmas y bancos: las circunstancias actuales ameritan llevar adelante, por única vez, un procedimiento extraordinario que permita la captura pública de rentas y patrimonio de quienes integran el poder económico local sobre la base del criterio de Patrimonio y Renta Presunta, en el marco de una estrategia general que a partir de aquí permita terminar con la planificación fiscal nociva y delictiva de las principales empresas y sus dueños que erosiona sistemáticamente la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos sobre rentas y patrimonio. El saldo final de este proceso de reformas debería dotar al estado de instrumentos de regulación pública que le permitan obligar a las principales empresas y fortunas a blanquear sus estructuras y tenencias societarias.

· Suspensión de pagos de deuda: Abundan los motivos para asumir de manera unilateral la suspensión de pagos de deuda, no sólo a los bonistas privados, sino también a los organismos internacionales. Un período de absoluta suspensión en los pagos permitiría abrir un tiempo para instituir una auditoría de una deuda pública que incluya endeudamientos espurios como el bono de los 100 años, con los fondos buitres, con el Club de París y con el FMI evitando caer en reestructuraciones desventajosas para el interés nacional. En un contexto donde la caída del producto no tiene definido todavía un piso, la asignación de parte de la producción nacional para el pago de deuda entra en abierta competencia con los derechos humanos.

· Profundizar la democratización: No es posible concretar exitosamente ninguna estrategia de contención social sin la democratización de las instituciones que lleven adelante las políticas y, por lo tanto, sin participación de la comunidad en las decisiones. La comunidad organizada es clave para superar de la mejor manera posible esta pandemia. El gobierno de los expertos no es suficiente para garantizar el cuidado de la población, se precisa complementarlo con el accionar cotidiano de los colectivos que están presentes en los territorios y conocen su realidad social. Para ello es indispensable la permanente circulación de la información, la apertura de los canales de diálogo y la conformación de órganos consultivos plurales que se transformen en verdaderos Consejos de Organización de la Comunidad frente a la crisis. Esto facilitaría la tarea de control sobre el cumplimiento efectivo de las decisiones que se adoptan. Achicar la brecha entre el discurso y la gestión concreta es también un imperativo de la etapa.

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